El caso Agostina Vega quiebra la agenda política: Bornoroni, De Loredo y Juez embisten en bloque contra la Justicia

El trágico desenlace de la adolescente de 14 años desató un terremoto político en Córdoba. Los principales referentes de la oposición provincial y nacional unificaron reclamos apuntando al fiscal Raúl Garzón por presunto mal desempeño, mientras reflotan las exigencias de renuncia para el ministro Juan Pablo Quinteros y la expulsión de dirigentes oficialistas.

El hallazgo sin vida de Agostina Vega rompió los límites de la crónica policial para convertirse en una severa crisis institucional que sacude los cimientos del poder político y judicial cordobés. La primera línea de la oposición local —encabezada por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, el senador Luis Juez y el legislador Gabriel Bornoroni— salió en tándem a cuestionar con dureza los tiempos y las metodologías empleadas por la Fiscalía durante la semana de búsqueda de la menor. Las principales críticas hacen foco en las demoras para activar los protocolos preventivos de emergencia y la presunta desidia en el cruce de datos sobre el captor. En este marco de indignación generalizada, el espacio liderado por Luis Juez ya anunció que promoverá de forma inminente un jury de enjuiciamiento para la destitución del fiscal Raúl Garzón.

El contraataque opositor no se limitó únicamente a los despachos tribunalicios y avanzó directamente sobre la Casa de Gobierno y la Legislatura. El presidente del bloque de la UCR en la Cámara Baja, Rodrigo de Loredo, catalogó el ecosistema político del oficialismo como una «política barrabrava» e instaló la acusación de que el peronismo provincial «protege mafias», anunciando además que exigirá la expulsión inmediata del concejal oficialista Ricardo Moreno del cuerpo deliberativo de la capital por sus supuestos lazos de padrinazgo con el imputado Claudio Barrelier. En sintonía, Bornoroni tildó a Garzón de ser un «fiscal político» sin capacidad de autocrítica ante los micrófonos. Acorralada por el frente judicial y la presión del arco político, la gestión provincial enfrenta también la embestida callejera de agrupaciones sociales y feministas que ya convocaron a movilizarse bajo la consigna de que «el Estado es responsable».