Giro histórico en Córdoba: tras la sanción de la “Ley Joaquín”, la provincia redefine el Régimen Penal Juvenil

La Legislatura aprobó por unanimidad una normativa que elimina la discrecionalidad de los jueces y otorga un rol protagónico a los damnificados en los procesos de menores. La reforma integral del fuero de menores deberá debatirse antes de septiembre.

La política criminal de la provincia de Córdoba sumó un hito definitivo con impacto directo en los tribunales de menores. Tras la sanción por unanimidad en la Legislatura de la denominada “Ley Joaquín” —impulsada tras el trágico crimen del adolescente Joaquín Sperani—, se abrió una discusión obligatoria para reformar por completo el Régimen Penal Juvenil antes de que finalice el año. En diálogo con Cadena 3, la legisladora radical Brenda Austin remarcó que el espíritu de este avance técnico y político busca poner fin al desamparo y los vacíos legales que históricamente relegaron a los afectados a un rol secundario y pasivo frente a la burocracia judicial.

El núcleo duro del cambio legal apunta a erradicar las zonas grises y la discrecionalidad con la que magistrados y fiscales actuaban en el fuero de menores. A diferencia del proyecto original, que planteaba la convocatoria a los damnificados como una mera facultad opcional, el texto definitivo introduce obligaciones imperativas. A partir de ahora, la Justicia está obligada a emitir una notificación fehaciente ante cualquier modificación procesal del imputado (como libertades o suspensiones de juicio), bajo apercibimiento de declarar la invalidez y nulidad del proceso en caso de incumplimiento. Además, se garantiza el derecho a ser oído en cada etapa, incluso si la familia decide no constituirse formalmente como querellante. El verdadero examen para este nuevo paradigma comenzará en septiembre, fecha límite fijada para modificar la totalidad del procedimiento penal juvenil cordobés.