Passerini exigirá narcotest y control de antecedentes penales a todos los empleados municipales

En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, el intendente capitalino enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para extender los filtros obligatorios a la totalidad de la planta estatal. La medida busca blindar el Palacio 6 de Julio tras revelarse la resolución que permitió el ingreso del asesino como becario.

La onda de choque institucional provocada por el crimen de la adolescente de 14 años obligó al Ejecutivo de Córdoba a activar una reforma de fondo en su política de recursos humanos. En una jugada orientada a dar una respuesta contundente ante el escándalo, el intendente Daniel Passerini impulsó un proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de los controles de antecedentes penales y la realización del narcotest para la totalidad del personal de la Municipalidad. Hasta el momento, este tipo de exámenes toxicológicos y ambientales eran de cumplimiento estricto únicamente para la planta de funcionarios de la administración pública. Con esta iniciativa, que ingresará para su tratamiento inmediato en la sesión parlamentaria de este jueves 4 de junio, se busca elevar de forma drástica las exigencias de transparencia y seguridad dentro del Estado municipal.

El detonante absoluto de la medida fue la filtración de la documentación que ligaba a Claudio Barrelier, único imputado y detenido en Bouwer por el femicidio, con las dependencias municipales. El acusado se desempeñaba en la práctica como «becario» dentro del área de Tránsito tras haber ingresado por recomendación del ahora exconcejal Ricardo Moreno. El circuito de responsabilidades sumó un nuevo capítulo al salir a la luz que la Resolución N° 1553, la cual validó y habilitó legalmente la incorporación de Barrelier a las filas del Estado, lleva la firma del secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti. Este dato ventilado del expediente administrativo aceleró las decisiones del intendente para frenar el costo político y evitar futuras incorporaciones sin filtros rigurosos.

A la par de este blindaje legislativo, el oficialismo busca reordenar la línea de flotación en el Concejo Deliberante tras la eyección de Moreno. El secretario de Políticas Sociales, Raúl La Cava, formalizó su salida del gabinete municipal para asumir la banca vacante de forma inmediata. Al referirse a la drástica reconfiguración en los controles de personal que enviará Passerini, La Cava respaldó la determinación política: «El intendente está tomando cartas en el asunto modificando ordenanzas para que esto no vuelva a ocurrir dentro de lo que es el ámbito municipal». En sintonía, Passerini apeló a un rápido tratamiento por parte de todo el cuerpo deliberativo, sentenciando que el compromiso por construir una sociedad mejor debe comenzar, de manera ineludible, por la propia casa del Estado.