Al banquillo: De Loredo confirmó que pedirá el juicio político para los fiscales del caso Agostina

El dirigente opositor anunció que avanzará con el Jury contra los magistrados por su deficiente proceder en las denuncias previas al femicidio. Denunció un «andamiaje sistémico» que vincula la militancia, las barras bravas y las contrataciones municipales.

El femicidio de Agostina Vega continúa provocando un terremoto institucional en Córdoba, y esta mañana el foco de conflicto se trasladó de forma directa hacia el Poder Judicial. En una entrevista, el referente opositor Rodrigo De Loredo confirmó la presentación formal de un pedido de Jury de enjuiciamiento contra los fiscales de instrucción Iván Rodríguez y Raúl Garzón. El dirigente fundamentó la medida al calificar el accionar de los magistrados como «instrumentalmente deficiente» frente a las alarmantes señales de peligro previas al crimen, asegurando que la oposición tiene la responsabilidad de investigar a fondo el desempeño de ambos funcionarios judiciales.

De Loredo fue lapidario al reconstruir los antecedentes del principal sospechoso, Claudio Barrelier, y apuntó contra el fiscal Iván Rodríguez por haberle otorgado la libertad semanas antes del desenlace fatal. «Es inconcebible que haya dejado en libertad a una persona después de 20 días de detención tras un episodio donde una chica fue atada, desnudada y amenazada», sentenció, acusando al magistrado de ignorar la perspectiva de género y los protocolos de resguardo. Respecto a Raúl Garzón, el legislador cuestionó la lentitud en los allanamientos y sus declaraciones públicas, revelando que el nombre del asesino ya constaba en la ampliación de la denuncia efectuada por la madre de la víctima el mismo domingo por la tarde.

Más allá del plano judicial, De Loredo vinculó el crimen con la inserción de Barrelier como empleado del municipio desde 2021, denunciando la existencia de un «sistema» anquilosado que une lo territorial, lo judicial y lo político. Según sus cifras, la masa de contratados municipales bajo figuras como servidores urbanos y cooperativas se disparó de 14.000 a 29.000 en los últimos seis años, sirviendo como refugio para barras bravas y punteros territoriales con un claro fin electoral. Además de tildar de «improvisado» al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, por su silencio durante la crisis, el dirigente rechazó las guardias urbanas y propuso extender la edad de retiro policial para sumar efectivos profesionales. Finalmente, ratificó su intención de unificar fuerzas con La Libertad Avanza en Córdoba tras su reciente reunión en Casa Rosada con Lule Menem.