El legislador Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de resolución para instar a los diputados y senadores por Córdoba a avalar la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete. La iniciativa traslada la tensión nacional al tablero local y expone las contradicciones de Llaryora, Schiaretti, el radicalismo y el juecismo.
La crisis política que rodea al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, encontró un nuevo e inesperado frente de tormenta en la provincia de Córdoba. El legislador provincial y referente del PRO, Oscar Agost Carreño, sacudió el escenario local al ingresar un proyecto de resolución en la Unicameral que busca instruir a los tres senadores nacionales e instar a los 18 diputados que representan a Córdoba en el Congreso a promover y acompañar activamente los mecanismos constitucionales de control, incluyendo la interpelación y la moción de censura contra el ministro coordinador de Javier Milei.
La jugada, que el dirigente del partido amarillo pretende debatir sobre tablas, busca elevar el costo político de las bancadas cordobesas al plantear el debate no como una simple disputa partidaria, sino como un examen sobre el funcionamiento de las instituciones y los mecanismos de control republicano. Para Agost Carreño, las dudas sobre las declaraciones juradas del funcionario nacional y las presuntas inconsistencias en sus informes ante el parlamento comprometen el deber esencial de rendir cuentas de manera veraz ante los representantes del pueblo, transformando la votación en una toma de posición obligatoria sobre si la relación con la Casa Rosada pesa más que el control parlamentario.
El proyecto genera un fuerte ruido a dos bandas, obligando a ordenar filas en un ecosistema donde las principales fuerzas provinciales mantienen una relación ambivalente con el poder libertario. Por el lado del oficialismo, el gobernador Martín Llaryora y el diputado nacional Juan Schiaretti vienen mostrando movimientos contrapuestos; mientras el exmandatario fue tajante al declarar que Adorni no puede seguir un día más en su cargo, el Centro Cívico mantiene una cautela extrema que coincide con las gestiones abiertas ante los ministerios nacionales.
El panorama tampoco es uniforme dentro de la oposición cordobesa que convive en la Legislatura provincial. El Frente Cívico de Luis Juez se posiciona como un aliado firme de la administración central, aunque el propio senador nacional manifestó en privado su fuerte malestar por el impacto negativo del denominado «Adornigate» sobre la credibilidad de la gestión de La Libertad Avanza. Por su parte, la Unión Cívica Radical transita un laberinto discursivo, intentando evitar una confrontación explícita con el electorado cordobés que apoya a Milei, pero cuidándose de no quedar alineada con una estrategia de blindaje que debilite su histórica bandera de defensa institucional.
Mientras la Unicameral procesa el impacto de esta iniciativa, en el Congreso de la Nación el oficialismo libertario logró ganar tiempo valioso. A través de un acuerdo político con las bancadas dialoguistas del PRO, la UCR e Innovación Federal, La Libertad Avanza consiguió derivar los expedientes de remoción hacia la comisión de Asuntos Constitucionales, evitando de este modo una sesión especial de interpelación inmediata. Esta maniobra técnica despertó duras críticas de la oposición dura, que acusó a los sectores moderados de actuar como republicanos selectivos y de facilitarle un salvoconducto temporal al jefe de Gabinete de Ministros.
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