Tras las fisuras internas que expuso el caso Adorni, el exgobernador alineó los votos de Provincias Unidas contra el régimen de grandes inversiones de la Casa Rosada. Advirtió que los beneficios fiscales para corporaciones mineras y petroleras se financian con las retenciones que asfixian a la producción cordobesa.
El peronismo de Córdoba buscó clausurar de manera rápida las esquirlas de la desarticulada sesión por la interpelación de Manuel Adorni, donde la dispersión de votos de sus legisladores expuso ruidos en la conducción. En una maniobra de fuerte impacto político, el exgobernador Juan Schiaretti reasumió la centralidad estratégica y ordenó abroquelar a los diputados nacionales del bloque Provincias Unidas para votar en contra del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que impulsa el gobierno de Javier Milei, marcando una de las distancias más explícitas de la bancada cordobesa con los proyectos estructurales de la Casa Rosada.
La postura del schiarettismo representa un giro de alta complejidad, fundamentalmente porque el denominado «Súper RIGI» es aguardado con fuerte expectativa por sectores del empresariado privado local, en especial por la influyente industria metalúrgica de la provincia, que busca insertarse como proveedora de los proyectos que comiencen a dinamizarse en otras regiones del país. Sin embargo, la conducción política del cordobesismo priorizó reflotar su bandera histórica de confrontación con el centralismo porteño: la defensa irrestricta del aparato agropecuario de la Región Centro y el reclamo persistente por la quita de los derechos de exportación.
Para fundamentar el rechazo legislativo, Schiaretti conectó los beneficios del nuevo marco normativo con la persistente presión tributaria que soporta el interior productivo. El exmandatario denunció que el régimen de Milei consagra un esquema de privilegios fiscales y aduaneros inéditos para corporaciones multinacionales que comprometan desembolsos superiores a los mil millones de dólares, mientras que las actividades que ya producen, exportan y sostienen el empleo genuino en Córdoba, como el campo y el sector de los biocombustibles, siguen sufriendo el ahogo de las retenciones y la falta de incentivos específicos para dar el salto tecnológico.
La jugada persigue el objetivo de reposicionar al peronismo cordobés como el principal custodio de los intereses del interior profundo frente a un esquema económico nacional cuyas principales ventajas, según analizan en el Centro Cívico, terminan concentradas geográficamente en los desarrollos mineros de la cordillera y los yacimientos petroleros de la Patagonia. Con esta alineación perfecta de sus diputados, el cordobesismo busca enviar un mensaje de cohesión hacia el tablero nacional, advirtiendo que el acompañamiento selectivo a las leyes de la Libertad Avanza tiene un límite infranqueable cuando se afecta la sustentabilidad del principal motor económico de la provincia.

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