Con una mayoría conservadora de 6 votos contra 3, el máximo tribunal estadounidense le concedió al presidente la facultad de revocar el estatus humanitario a cientos de miles de extranjeros y de rechazar físicamente a los solicitantes de asilo en el límite con México. Los jueces liberales denunciaron connotaciones raciales en la medida.
La administración de Donald Trump obtuvo un triunfo jurídico de enorme impacto político para consolidar su restrictiva agenda de seguridad nacional. En dos fallos de alta trascendencia institucional emitidos en sintonía con las divisiones ideológicas del tribunal, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos convalidó las facultades del Poder Ejecutivo para desmantelar programas de protección humanitaria y habilitó el bloqueo físico de migrantes en la frontera sur, otorgando un cheque en blanco a la Casa Rosada en la gestión del flujo migratorio.
La primera de las sentencias dejó firme la potestad del gobierno para dar por concluido el Estatus de Protección Temporal (TPS), una herramienta creada por el Congreso en 1990 que amparaba legalmente a extranjeros cuyos países de origen atravesaban guerras o catástrofes naturales. La resolución del tribunal sepulta el beneficio para unas 350.000 personas oriundas de Haití y más de 6.100 ciudadanos sirios que residían y trabajaban de forma regular en territorio estadounidense, una medida impulsada originalmente por la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que amenaza con extenderse a beneficiarios de otra docena de naciones.
En el voto de la mayoría, el magistrado conservador Samuel Alito argumentó que la legislación federal prohíbe de forma taxativa la revisión judicial sobre las decisiones del Ejecutivo en materia de revocación de estos permisos especiales. Por el contrario, en su voto disidente, la jueza liberal Elena Kagan fustigó la resolución y citó los comentarios despectivos vertidos por Trump en el pasado reciente contra la comunidad haitiana, sosteniendo que las expresiones presidenciales evidenciaban motivaciones de prejuicio racial detrás de las políticas de expulsión masiva.
A la par, el tribunal ratificó por idéntica mayoría la reactivación de la denominada «política de devolución», permitiendo a las patrullas fronterizas repeler y rechazar físicamente a los solicitantes de asilo antes de que logren pisar suelo estadounidense. Los defensores de los derechos civiles alertaron que este fallo rompe con la tradición histórica de refugio del país, mientras que el aparato legal de la Casa Rosada celebró la jornada como una victoria categórica para el Estado de derecho frente a lo que consideraban un sistema de amnistía encubierto.
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