A una semana de los sismos que azotaron al país caribeño, la presidenta encargada Delcy Rodríguez actualizó el balance oficial de víctimas. La ONU estima que hay cerca de 50.000 desaparecidos y más de 12.400 heridos, concentrándose la mayor destrucción en la región costera de La Guaira. Los equipos de rescate de 30 países trabajan a contrarreloj entre los escombros.
El panorama social y sanitario en Venezuela es crítico tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. El Poder Ejecutivo desplegó un contingente de 19.000 efectivos civiles y militares en las áreas damnificadas para coordinar la asistencia humanitaria y la remoción de estructuras colapsadas. El gobierno venezolano ratificó que no se utilizarán fosas comunes y que la totalidad de los fallecidos recuperados pasará por un estricto proceso de identificación mediante registros dactilares y peritajes odontológicos antes de su entrega a los familiares.
En paralelo al drama humanitario, las autoridades debieron intervenir ante episodios delictivos en las zonas de desastre. Cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron exonerados de forma inmediata de la fuerza policial luego de ser filmados por residentes mientras sustraían fajos de dólares ocultos entre las ruinas edilicias. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, repudió el accionar y advirtió que la administración aplicará sanciones penales rigurosas ante cualquier intento de aprovechamiento económico en medio de la emergencia nacional.
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