Conflictos laborales: la tensión por el reclamo en la Justicia provincial reabre diferencias entre el Ejecutivo y el TSJ

El conflicto salarial acumula más de 20 días de paro en lo que va del año. A la par del malestar gremial por el incremento de los aportes jubilatorios, surgieron objeciones sobre el esquema de negociación y los recursos del Poder Judicial.

La parálisis parcial en la atención del Poder Judicial de Córdoba completó casi un semestre de protestas e inició una fase de mayor complejidad tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de aplicar descuentos en cuatro cuotas por los días de paro acumulados. La medida alcanza a más de 24 jornadas de fuerza registradas en la Capital y 27 en el interior provincial, en el marco de un reclamo que unificó las demandas de los empleados con sectores de magistrados y funcionarios.

El eje central del reclamo radica en la exigencia de derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria, normativa impulsada por la administración del gobernador Martín Llaryora que incrementó los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones de la Provincia del 2% al 8%. A esta detracción se sumó la pérdida de poder adquisitivo derivada de la pauta salarial y los aportes a la obra social provincial, lo que generó una fuerte caída en los ingresos netos de las distintas categorías judiciales.

A la par del conflicto gremial, emergieron diferencias operativas y de financiamiento entre el Centro Cívico y el Alto Tribunal. Desde el Poder Ejecutivo señalaron cuestionamientos hacia la gestión de la autarquía financiera del TSJ, apuntando a decisiones como la reducción del 33,3% en la Tasa de Justicia dispuesta a inicios de año y al incremento de la planta de personal y magistrados, que hoy abarca más de 8.600 sueldos en la provincia.

A la espera de una nueva convocatoria formal a la mesa de negociación, las partes analizan esquemas que permitan destrabar el conflicto. Entre las alternativas en estudio se contempla una propuesta salarial focalizada en los escalafones más bajos de la plantilla de empleados y una eventual reducción gradual de los aportes extraordinarios para funcionarios y magistrados.