Crece la tensión en España por el acceso a la vivienda: acampada masiva en la Puerta del Sol e iniciativas del Gobierno

El desalojo de una jubilada de 82 años desencadenó una ola de movilizaciones en Madrid que presiona a la administración de Pedro Sánchez. Ante el constante aumento de los alquileres y el déficit de vivienda pública, el Ejecutivo impulsó normativas para limitar los desalojos de inquilinos vulnerables y restringir las operaciones especulativas.

La problemática habitacional en España escaló en las últimas jornadas hasta convertirse en el epicentro del debate político y social. Un campamento de manifestantes instalado en la emblemática Puerta del Sol de Madrid alcanzó su quinta noche consecutiva tras el malestar ciudadano originado por el desalojo judicial de María del Carmen Abascal, una residente de 87 años con movilidad reducida que habitaba su vivienda céntrica desde hacía siete décadas. Pese a que la repercusión mediática derivó en un acuerdo que posibilitará el retorno de la afectada a su inmueble, las agrupaciones sociales sostienen la protesta para demandar reformas profundas en el mercado inmobiliario.

El conflicto deja al descubierto fallas estructurales del sector habitacional en el país europeo, que registra un parque de alquiler público inferior al 2% de la oferta total —muy por debajo del 8% promedio en la Unión Europea—. En paralelo, los relevamientos privados indican que el costo medio del metro cuadrado para arrendar casi se duplicó en el último decenio, provocando que más del 25% de los inquilinos destine al menos cuatro de cada diez euros de sus ingresos exclusivamente a la cobertura de techo y servicios básicos.

Frente a la escala de las movilizaciones y en la antesala del año electoral, el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez promovió dos decretos ley dirigidos a contener la escalada de precios e incrementar las protecciones legales. Las iniciativas oficiales contemplan la prórroga de la moratoria de lanzamientos para sectores vulnerables hasta el año 2030, limitaciones a las adquisiciones inmobiliarias por parte de fondos de inversión, controles sobre los alojamientos de corta estancia y esquemas de compensación económica a favor de los arrendatarios en caso de rescisión unilateral de contratos. Las agrupaciones promotoras de la acampada antidesalojos anticiparon que mantendrán las medidas de fuerza en la vía pública al menos hasta la votación del proyecto en las Cortes Generales.