El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto el condicionamiento impuesto por el Poder Ejecutivo sobre la norma ratificada por el Congreso, al considerar que la suspensión vulneró el principio republicano de división de poderes. El Gobierno nacional confirmó que apelará la medida judicial.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional había supeditado la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario a la asignación de partidas presupuestarias específicas. La resolución judicial responde a una acción de amparo colectivo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a casas de altos estudios y asociaciones docentes.
En su fallo, el magistrado Martín Cormick sostuvo que, tras la ratificación parlamentaria con la mayoría agravada de dos tercios luego del veto presidencial, el Poder Ejecutivo no cuenta con atribuciones constitucionales para suspender o condicionar la efectividad de una ley. El texto destaca que el propio texto de la norma faculta al Estado a reasignar partidas presupuestarias y aclara que una ley posterior prevalece sobre pautas genéricas fijadas en la Ley de Administración Financiera.
Desde el Gobierno nacional ratificaron que recurrirán la sentencia ante la Cámara del fuero bajo la premisa de la falta de recursos fiscales, por lo que el diferendo continuará su trámite en los tribunales y podría derivar en la Corte Suprema de Justicia. En simultáneo con el dictamen, gremios docentes universitarios llevan adelante un paro de 72 horas en reclamo de la recomposición salarial y la plena vigencia de la legislación aprobada por el Congreso.

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