Los planes del Gobierno nacional orientados a derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable —conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal— desataron una fuerte reacción política en Córdoba. El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, cuestionó con dureza la iniciativa de la Casa Rosada y aseguró que la quita de los octógonos negros de los envases representa un grave retroceso para la salud pública que prioriza los intereses corporativos por encima de los derechos ciudadanos.
A través de un extenso posicionamiento en sus redes sociales, el funcionario del gabinete de Martín Llaryora rechazó el argumento oficialista de que la medida otorgue mayores márgenes de libertad económica. “Derogar la Ley de Etiquetado Frontal no es ´dar libertad´. Es tomar partido por la desinformación”, disparó Quinteros, vinculando de forma directa la falta de datos claros en las góndolas con el desarrollo de patologías crónicas no transmisibles. El ministro remarcó que los productos ultraprocesados no constituyen opciones saludables y que ocultar de manera deliberada sus componentes «enferma a la población».
El titular de la cartera de Seguridad cordobesa, quien en reiteradas oportunidades expuso públicamente su batalla personal tras haber padecido obesidad mórbida, cargó contra el desamparo estatal que generaría el vacío normativo. “Mientras te esconden el exceso de azúcar, sodio y grasas, después el Estado tampoco aparece cuando llegan la diabetes, la obesidad o los problemas cardíacos”, cuestionó, tras señalar que la regulación actual no prohíbe la comercialización de ningún producto, sino que transparenta su composición real frente a «negocios multimillonarios». Con estas definiciones, la administración provincial vuelve a marcar distancia de los criterios de desregulación extrema promovidos por la gestión del presidente Javier Milei, instalando la defensa del consumidor informado como un eje no negociable.
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