29 agosto, 2026

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El legajo de la impunidad: cómo el sospechoso de hacer desaparecer a Agostina mantuvo su beca estatal tras estar preso

Hincha de Instituto y municipal, quién es el sospechoso por la desaparición de Agostina Vega.

La desaparición de Agostina Madeleine Vega no solo mantiene en vilo a la provincia, sino que acaba de abrir una caja de Pandora sobre los escandalosos mecanismos de contratación en el Estado municipal. La detención de Claudio Barrelier desnudó una cadena de favores políticos, nula rigurosidad de control y una preocupante desidia institucional que le permitió a un hombre con antecedentes penales graves desempeñarse como servidor público hasta horas antes de su captura.

La reconstrucción de la trayectoria del único imputado en la causa es el reflejo de un sistema de contratación precarizado y sostenido por el clientelismo. Barrelier ingresó a la Municipalidad de Córdoba en enero de 2021 como «becario» durante la gestión de Martín Llaryora, impulsado por una recomendación política ligada al gremio de motociclistas ASIMM y las 62 Organizaciones Peronistas. Sin pasar por ningún tipo de concurso público y con el único requisito de entregar una fotocopia de su DNI, el sospechoso terminó cumpliendo funciones nada menos que como capacitador en la Escuela de Tránsito de la avenida Sabattini, una dependencia estatal que recientemente fue allanada por la comercialización de licencias de conducir apócrifas.

El dato más alarmante de la trama radica en la alarmante desconexión de las bases de datos oficiales. En mayo de 2025, Barrelier fue detenido durante 20 días tras un aberrante episodio en el que una joven logró escapar de su vivienda pidiendo auxilio, semidesnuda y con signos de haber estado maniatada. A pesar de semejante antecedente por privación ilegítima de la libertad, el municipio jamás interrumpió su beca ni sus funciones. Por el contrario, el sospechoso se encontraba en los listados oficiales para ser beneficiado con el pase a planta contratada bajo el amparo de la antigüedad laboral. Si bien la administración de Daniel Passerini decretó su cese inmediato tras el estallido del caso, la medida punitiva llega tarde y funciona como un intento de control de daños ante una serie de preguntas incómodas que el poder político local aún no puede responder: ¿Cuántos Barrelier más caminan hoy por los pasillos del Palacio 6 de Julio amparados por el silencio de sus superiores?