Los recientes ataques a dos niños en Córdoba reactivan la alarma social. La falta de controles y el inclumpimiento de las ordenanzas de registro evidencian una negligencia severa en el cuidado de animales potencialmente agresivos.
La reiteración de episodios violentos protagonizados por canes potencialmente peligrosos reabre en Córdoba un debate cruento. Tras la trágica muerte de un niño de 3 años en barrio Suárez y las heridass gravísimas sufridas por otro pequeño de 2 en Santa María de Punilla, la sociedad vuelve a enfrentar las consecuencias de la desidia de propietarios e irresponsabilidad ciudadana frente al manejo de este tipo de mascotas.
Aunque la Ciudad de Córdoba cuenta desde 2003 con una ordenanza que exige el registro obligatorio de animales potencialmente peligrosos, los organismos municipales constatan un acatamiento ínfimo: solo dos mil ejemplares figuran inscriptos en el sistema gestionado por el ente Biocórdoba. Esta omisión generalizada dificulta las tareas de fiscalización y deja expuesta a la comunidad a situaciones de riesgo evitable en el ámbito público y privado.
Frente a imputaciones judiciales que ya contemplan la figura de homicidio culposo para dueños y cuidadores, resulta imperioso reforzar el cumplimiento estricto de las normativas de contención, el fortalecimiento de los programas de castración y el compromiso comunitario. La prevención efectiva exige responsabilidad en la tenencia y un control estatal riguroso para impedir nuevas tragedias.
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