El ocaso de la mítica Unidad Turística en el Valle de Calamuchita. Lo que nació como un ícono de inclusión y descanso para las familias trabajadoras, hoy se debate entre postales de desidia estructural, pastizales altos y una privatización que marca el fin de una era.
Ingresar hoy al predio de la Unidad Turística de Embalse, en el corazón del Valle de Calamuchita, genera un nudo en la garganta. La postal actual dista años luz de aquel proyecto monumental ideado a mediados del siglo XX por Juan Domingo Perón y el ministro Ramón Carrillo, concebido para garantizar el derecho a las vacaciones de los sectores más vulnerables del país. Donde antes resonaban las risas de miles de familias trabajadoras, jubilados y contingentes escolares de toda la Argentina, hoy impera un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el crujido de las estructuras que se caen a pedazos por la falta de mantenimiento. Del orgullo nacional y provincial del turismo social, solo quedan ruinas modernas, pastizales que sepultan la historia y un polémico proceso de privatización que pone un candado definitivo a la mística de la inclusión.
La desidia del Estado no es nueva, pero ha alcanzado niveles críticos en el último tiempo. Caminar entre los pabellones de este complejo emblemático permite atestiguar cómo la falta de inversión, los saqueos hormiga y la intemperie vandalizaron habitaciones, comedores y espacios comunes que supieron alojar a millones de argentinos de bajos recursos. Vidrios rotos, techos filtrados por la humedad y parques completamente descuidados transformaron este paraíso serrano en una zona de descarte urbano. Los sucesivos Gobiernos nacionales abandonaron paulatinamente la custodia y preservación de este patrimonio arquitectónico y cultural, condenándolo a un deterioro planificado que, a la luz de los hechos, pareció pavimentar deliberadamente el camino hacia el desguace definitivo de las concesiones privadas.
El paso del esplendor al olvido de los históricos hoteles de Embalse no es una simple contingencia del paso del tiempo; es el reflejo de un cambio de paradigma social y político donde los bienes públicos dejan de ser vistos como un derecho comunitario para ser considerados un gasto prescindible. Si bien el debate sobre la sustentabilidad económica del complejo era necesario, el precio que se paga con el abandono y la pérdida del patrimonio social es incalculable. Mientras se definen los nuevos destinos privados del predio, la sociedad asiste a la triste demolición simbólica de un espacio que demostró que el disfrute del paisaje cordobés no debía ser el privilegio de unos pocos, sino una realidad compartida y digna para todo el pueblo.

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