Violencia de género institucional: las Fuerzas de Seguridad ante la urgencia de una reforma cultural

El informe de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) desnudó una problemática sistémica que las estructuras de seguridad ya no pueden ocultar bajo la alfombra de la disciplina. El documento, que recopila intervenciones entre 2014 y 2024, expone una realidad preocupante de violencia sexual, abuso de autoridad y hostigamiento que sufren las mujeres uniformadas. La provincia de Córdoba quedó ubicada en el centro del mapa al encabezar las estadísticas nacionales con 17 casos, seguida por Buenos Aires con 15, concentrándose la mayoría de las denuncias en Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino.

La radiografía del abuso muestra un patrón indiscutible: en el 90% de las situaciones el agresor ostentaba un rango superior al de la denunciante, aprovechándose de la verticalidad ciega que caracteriza a estas organizaciones. Lo más grave radica en la respuesta corporativa. El derrotero posterior a la denuncia suele transformarse en un laberinto de revictimización, traslados forzosos a destinos desfavorables y carpetas psiquiátricas debido al daño en la salud mental. En la vereda opuesta, la impunidad continúa siendo la norma: de los 53 agresores identificados, apenas el 17% recibió algún tipo de sanción o baja administrativa.

Argumentar que la violencia de género es un flagelo transversal a toda la sociedad no puede operar como un atenuante para estas fuerzas. Las instituciones que tienen a su cargo la portación legal de armas y el cuidado de la ciudadanía deben ser un ejemplo intachable de integridad. Resulta imperioso profundizar las capacitaciones obligatorias, pero sobre todo, auditar los comités de disciplina interna y garantizar canales de denuncia externos que corten la cadena de mando para que ninguna jerarquía sirva jamás como salvoconducto para encubrir a un delincuente.