Reforma judicial: el Gobierno eliminó las impugnaciones ciudadanas para elegir jueces de la Corte

A través del Decreto 467/2026, la gestión de Javier Milei modificó la histórica normativa de 2003 para los nombramientos de los magistrados del máximo tribunal, el Procurador y el Defensor General. Suprimió etapas de control social, apuró los plazos fiscales y quitó los criterios de diversidad de género y federalismo.

La Casa Rosada avanzó de manera drástica en una reconfiguración del mecanismo de selección para las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación. Con la publicación del Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso una profunda reforma sobre las normativas vigentes desde 2003 (los decretos 222 y 588), flexibilizando los requisitos y suprimiendo etapas administrativas cruciales antes del envío de los pliegos al Senado. La medida lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y apunta a acelerar sensiblemente los tiempos de las designaciones en la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.

La modificación más sustancial del nuevo esquema es la eliminación del filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El texto deroga la obligación de abrir un período público para que organizaciones civiles, universidades y ciudadanos particulares presenten impugnaciones, adhesiones o cuestionamientos a los candidatos. A partir de ahora, la difusión de los antecedentes y hojas de vida se canalizará de forma directa y exclusiva mediante el Boletín Oficial y los portales web oficiales, recortando drásticamente el debate público previo a la nominación formal.

Plazos fiscales exprés y marcha atrás en diversidad La reforma también introduce un esquema de tiempos sumamente acotados para los controles de transparencia patrimonial y fiscal. Los postulantes contarán con apenas cinco días para aportar sus declaraciones juradas detalladas, incluyendo los bienes de cónyuges, convivientes e hijos menores. En sintonía, el decreto fija un tope máximo de cinco días para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elabore los informes de comportamiento impositivo y previsional del candidato, remarcando la obligación de resguardar el secreto fiscal de los mismos.

Otro de los cambios políticos más sensibles radica en los criterios de selección. El decreto firmado por Mahiques omitió replicar los estándares normativos fijados en 2003 que instaban al Presidente a ponderar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia geográfica a la hora de integrar la Corte Suprema. Con esta supresión, el Ejecutivo deja de tener el condicionamiento político de garantizar la paridad o la representatividad federal en la cúpula del Palacio de Tribunales, centralizando la discrecionalidad del proceso de postulación antes del debate parlamentario.