Colapso penitenciario: la población carcelaria en Córdoba creció un 43,5% y desborda el sistema

El crecimiento de la población carcelaria de Córdoba constituye uno de los indicadores más alarmantes sobre la realidad social y de seguridad de la provincia. Entre diciembre de 2022 y fines de 2025, la cantidad de personas privadas de la libertad creció un 43,5%, alcanzando una cifra histórica de más de 17.400 internos. Esta tendencia ascendente, sostenida durante más de una década, ubica a Córdoba entre las jurisdicciones con mayor tasa de encarcelamiento del país, pasando de 6.400 reclusos en 2014 a rozar los 16.000 el año pasado, lo que ha provocado una saturación admitida por el propio Servicio Penitenciario en complejos como Bouwer y la Unidad de Contención del Aprendido (UCA).

Frente a la lluvia de hábeas corpus y resoluciones judiciales que exigen frenar el hacinamiento, el Gobierno provincial impulsa un plan de infraestructura que incluye nuevos módulos y una cárcel de máxima seguridad. Si bien la ampliación de plazas es indispensable para garantizar condiciones dignas de alojamiento, la construcción de más pabellones no resuelve el problema de fondo. El ingreso permanente de detenidos primarios a la UCA demuestra que el verdadero conflicto está afuera de los muros. El desborde penitenciario es el síntoma de un tejido social fragmentado por la exclusión educativa, la pobreza, las adicciones y la falta de oportunidades laborales, ámbitos donde el Estado no logra intervenir a tiempo.

Limitar el debate a la cantidad de camas disponibles o a la incorporación de tecnología de monitoreo es un error estratégico. La rehabilitación —a través de la educación, el tratamiento de consumos problemáticos y los programas de reinserción— es una inversión tan urgente como el cemento. El sistema no solo está desbordado, sino que muestra signos de extrema violencia: entre 2024 y 2025 se registraron 68 fallecimientos de internos bajo custodia estatal, incluyendo homicidios y suicidios. Sin una política integral de prevención social y reformas de fondo, cualquier nueva estructura carcelaria corre el riesgo de quedar colapsada en el corto plazo.