El menor falleció en el Hospital de Niños tras ingresar con un coágulo en el cerebro. La víctima ya se encontraba judicializada por maltrato y estaba bajo el cuidado de su abuela por una orden de restricción que pesaba sobre sus padres biológicos.
La Justicia de la ciudad de Córdoba inició una investigación exhaustiva para esclarecer el fallecimiento de un bebé de apenas nueve meses de vida, ocurrido bajo circunstancias que encendieron las alarmas de las autoridades judiciales y sanitarias. La Fiscalía de Violencia Familiar de Segundo Turno tomó las riendas del caso luego de que los médicos del Hospital de Niños confirmaran el deceso del pequeño, quien había ingresado al centro de salud con un cuadro de extrema gravedad que incluía un coágulo en el cerebro. Los peritajes forenses y las pesquisas en el entorno del menor serán determinantes para establecer si la muerte se debió a un hecho de violencia o a causas ajenas a su situación de vulnerabilidad.
El dramático episodio comenzó a desencadenarse en un domicilio de barrio El Rincón, en la zona periférica de la capital cordobesa. Durante un patrullaje de prevención de rutina, efectivos de la Policía de Córdoba interceptaron y acompañaron a una mujer mayor que trasladaba de urgencia al lactante en un vehículo particular hacia el Hospital de Pronta Atención más cercano. Ante la complejidad y el rápido deterioro del estado de salud del niño, los profesionales médicos dispusieron su traslado inmediato en ambulancia hacia el Hospital de Niños de la bajada Pucará, donde el personal de guardia realizó intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar que lamentablemente no lograron revertir el paro cardiorrespiratorio.
El caso cuenta con un espeso y preocupante trasfondo institucional que agrava las sospechas en torno al trágico desenlace. Según confirmaron fuentes oficiales vinculadas a la investigación, el bebé se encontraba formalmente judicializado desde el 26 de febrero de este año en el marco de una causa penal por violencia familiar. Debido a los severos indicios de maltrato detectados en aquel momento, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) había dictado una medida excepcional de resguardo, estableciendo una orden de restricción de contacto vigente contra los progenitores biológicos y otorgando la guarda y el cuidado diario del niño a su abuela materna.
Tras la confirmación del fallecimiento, las autoridades judiciales activaron de inmediato los protocolos sanitarios y de asistencia psicológica para brindar contención a la mujer que trasladó al menor, mientras los sabuesos policiales preservaban la vivienda familiar para la recolección de pruebas técnicas. La Fiscalía ordenó la realización de la autopsia médico-legal correspondiente para determinar fehacientemente el origen de la lesión cerebral y dilucidar la cadena de responsabilidades, buscando comprobar si los tutores legales incurrieron en negligencia o si se violaron de forma clandestina las medidas de restricción dispuestas por el Estado cordobés.

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