El estallido de las apuestas virtuales durante la cita mundialista expone la desprotección de niños y adolescentes frente a corporaciones multimillonarias. Ante la complicidad estatal y la falta de regulaciones efectivas, la contención familiar se convierte en la última línea de defensa contra la ludopatía.
El desarrollo del Mundial de Fútbol en América del Norte no solo encendió la pasión deportiva en cada rincón de la provincia, sino que también desató un fenómeno subterráneo y sumamente alarmante: el salto exponencial de las apuestas online entre menores de edad. Lo que para las corporaciones del juego representa un negocio de dividendos multimillonarios, para miles de familias cordobesas se está transformando en una pesadilla silenciosa. Amparadas en la omnipresencia de los teléfonos inteligentes y las computadoras, las plataformas de azar lograron perforar la intimidad de los hogares y las aulas, instalando una timba virtual que ya no distingue horarios ni edades.
La gravedad de la situación radica en que la sociedad, muchas veces empujada por bombardeos publicitarios agresivos, ha naturalizado esta conducta como si se tratara de un entretenimiento inofensivo vinculado al deporte. Sin embargo, los especialistas en salud mental son categóricos al advertir que apostar no es un juego. Detrás de la ilusión de ganar dinero rápido se esconde la ludopatía, una patología crónica y adictiva que destruye el entramado psicológico de los jóvenes, arrastrándolos a cuadros severos de ansiedad, depresión profunda y un endeudamiento desesperado que termina asfixiando a todo su entorno afectivo.
Este escenario no es fruto del azar, sino de una alarmante cadena de complicidades institucionales. El problema mayúsculo que hoy explota en las manos de los padres ya había sido advertido con crudeza cuando la Legislatura de Córdoba aprobó la legalización de las apuestas virtuales en el territorio provincial. En aquel momento, múltiples voces de la sociedad civil y de la Iglesia católica alertaron sobre los perjuicios devastadores que esta habilitación traería para los sectores más vulnerables. La presión social no bastó frente a las urgencias recaudatorias de un Estado que, por obtener beneficios fiscales insignificantes, decidió abrir las puertas a un flagelo que hoy se muestra incontenible.
Mientras el Congreso de la Nación dilata el debate de una ley de fondo para frenar la ludopatía juvenil —la cual aguarda su tratamiento en el Senado tras recibir media sanción en Diputados—, la responsabilidad de cuidado queda delegada de manera exclusiva en el ámbito privado. En esta encrucijada, la educación digital, el control estricto de los dispositivos y la contención afectiva por parte de los padres constituyen la última línea de defensa. El sueño de la riqueza fácil a través del juego siempre ha sido una trampa infructuosa; es hora de que tanto las familias como el poder político despierten ante una adicción que se financia con la salud mental de las próximas generaciones.

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