Llaryora presentó la Ley Antibúnker para demoler y expropiar quioscos de droga en Córdoba

El gobernador firmó el proyecto que permitirá al Estado provincial intervenir de manera rápida sobre inmuebles utilizados por el delito. El esquema contempla el cerramiento de aguantaderos, la demolición judicial de puestos de venta y el destino del 60% de los bienes decomisados al equipamiento de la FPA.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó el envío a la Legislatura de un fuerte paquete de reformas normativas destinadas a combatir las estructuras edilicias del crimen organizado. Siguiendo la línea metodológica implementada en los últimos meses por la provincia de Santa Fe, el gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos. El objetivo central de la iniciativa es dotar al Estado cordobés de una herramienta administrativa y judicial ágil para intervenir, clausurar o demoler propiedades que funcionen como centros de comercialización de estupefacientes, bases operativas de bandas criminales o edificios abandonados que pongan en riesgo la seguridad de los barrios.

El nuevo régimen legal establece un protocolo de intervención temprana ante denuncias o constataciones policiales. En una primera instancia de carácter preventivo, las autoridades provinciales y municipales quedarán facultadas para realizar el cerramiento, tapeado, clausura provisoria y bloqueo de accesos de aquellos inmuebles desocupados o en estado de deterioro que sirvan como guaridas delictivas. Para los casos de mayor complejidad, fundamentalmente los ligados al narcotráfico, el proyecto estipula que la Justicia penal ordene el desalojo inmediato, la restitución a los legítimos dueños en caso de usurpaciones, o la demolición total de las estructuras construidas exclusivamente para el expendio de sustancias prohibidas.

La pata económica del proyecto apunta al desfinanciamiento de las organizaciones delictivas y a la retroalimentación de las fuerzas de seguridad. La ley contempla la creación del Registro Provincial de Bienes Intervenidos y estipula un destino fijo para los recursos y bienes decomisados en las causas de narcomenudeo. El 60% de los fondos obtenidos mediante remates o afectaciones directas se destinará al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. El 40% restante será transferido al Ministerio de Justicia y Trabajo para el financiamiento de programas de prevención y asistencia comunitaria en adicciones.

Para coordinar las tareas operativas en el territorio, la normativa da luz verde a la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos, un ente que articulará las acciones del Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la FPA, la Policía de Córdoba y las intendencias locales. Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que se invitará formalmente a los municipios y comunas del interior a adherir a este régimen, buscando unificar los criterios de catastro, habilitaciones y control de baldíos para erradicar las zonas liberadas edilicias y devolver los espacios recuperados a los vecinos.