Alerta en Córdoba: la UTA amenaza con un paro de colectivos si las empresas no pagan el aguinaldo completo antes del martes

El gremio de los choferes ratificó el estado de alerta tras el anuncio de la FETAP sobre la imposibilidad de afrontar el Sueldo Anual Complementario en un solo desembolso debido a una deuda municipal. Desde el Palacio 6 de Julio negaron cualquier auxilio financiero extraordinario, abriendo las puertas a una paralización del servicio desde el 1 de julio.

El fantasma de la paralización del sistema de transporte urbano de pasajeros volvió a instalarse con fuerza en la ciudad de Córdoba. A pocos días de que venza el plazo legal para la liquidación de la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que mantiene el estado de alerta y movilización. El sindicato advirtió que no convalidará ninguna flexibilización en los cronogramas de pagos por parte de las prestatarias de colectivos, adelantando la realización de asambleas y medidas de fuerza directas a partir de las primeras horas del próximo miércoles si los salarios no se encuentran acreditados en su totalidad.

El conflicto se originó tras un comunicado emitido por la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), donde la entidad patronal blanqueó que las cuentas de las empresas prestatarias se encuentran al límite de su capacidad operativa y anticipó la intención de presentar ante el Ministerio de Trabajo un esquema de emergencia para abonar el medio aguinaldo fragmentado en hasta seis cuotas mensuales. El vocero de los choferes de Córdoba, Adrián Lentini, ratificó el rechazo absoluto de las bases a esta propuesta y recordó que el próximo martes 30 de junio expira el tiempo límite para la acreditación de los fondos.

Desde el sector empresario, los asesores legales de la FETAP insistieron en que el ahogo financiero responde de manera directa a la intransigencia del Poder Ejecutivo municipal. Los privados le reclaman al Palacio 6 de Julio la falta de actualización del costo real por kilómetro recorrido dentro del sistema urbano y la supuesta retención de liquidaciones pendientes que ya arrastran un retraso cercano a los tres meses de vigencia. Según la mirada empresaria, sin ese flujo de capitales del Estado local resulta materialmente imposible afrontar los compromisos laborales, reconociendo que los choferes quedarán amparados por el derecho legal de retención de tareas por falta de pago.

La respuesta de las autoridades municipales buscó despegar a la administración de Martín Llaryora de la paritaria sectorial. Voceros del Ejecutivo comunal negaron de forma tajante las versiones que indicaban el envío de transferencias extraordinarias de subsidios para apagar el conflicto salarial de esta semana y recalcaron que los fondos regulares convenidos con las firmas prestatarias se encuentran al día. Para el municipio, la relación contractual y los salarios de los choferes son responsabilidad exclusiva de las empresas y de la empresa pública TAMSE, descartando cualquier tipo de auxilio presupuestario adicional para salvar la brecha del aguinaldo.