La fiscal Paula Bruera ordenó la medida para tres integrantes de la organización criminal. La investigación judicial expuso el funcionamiento de la red dedicada a cometer escruches en la capital y el Gran Córdoba a partir de las conversaciones de celular donde coordinaban los golpes y festejaban los botines.
La Justicia de Córdoba dictó una resolución clave para desarticular una estructura delictiva que mantenía en alerta a varias localidades del interior provincial y la capital. La fiscal de instrucción Paula Bruera dispuso la prisión preventiva para tres miembros de una banda especializada en robos domiciliarios bajo la modalidad de escruche, aquellos cometidos aprovechando la ausencia de los moradores. La clave del expediente radicó en el peritaje técnico de los dispositivos móviles secuestrados en los allanamientos, donde los sospechosos mantenían un canal de comunicación interna digital para planificar los asaltos.
Las pericias informáticas sacaron a la luz un grupo de mensajería denominado La banda del 3232. En ese espacio virtual, los imputados coordinaban la logística de los ingresos a las viviendas, distribuían los roles de cobertura y compartían archivos multimedia con filmaciones y fotografías de las joyas, electrodomésticos y fajos de billetes obtenidos de forma ilegal. Las capturas de pantalla de los chats aportaron una prueba directa sobre la existencia de una asociación ilícita estable, con funciones asignadas de manera regular para cometer los delitos y asegurar el posterior ocultamiento del botín.
El relevamiento judicial acumuló una serie de hechos delictivos ejecutados entre los meses de abril y mayo de este año en la ciudad de Córdoba, Salsipuedes y Colonia Tirolesa. Entre los ilícitos de mayor envergadura económica que constan en la causa figura un asalto en las Sierras Chicas donde se sustrajeron fuertes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, y un robo calificado por escalamiento en Colonia Tirolesa que derivó en una persecución en ruta de más de 10 kilómetros por parte de patrullas policiales, logrando la recuperación de equipos informáticos.
Para cometer las intrusiones, los asaltantes utilizaban una flota de automóviles con patentes cambiadas y cubrían sus rostros de manera permanente utilizando barbijos sanitarios con el objetivo de anular la efectividad de los registros de las cámaras de seguridad vecinales. Hasta el momento, el proceso mantiene a dos hombres y una mujer tras las rejas bajo las calificaciones de asociación ilícita, robo calificado en poblado y en banda, y encubrimiento, mientras que las brigadas de investigaciones continúan con la búsqueda de un cuarto integrante que permanece en condición de prófugo.
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