El retorno masivo se produce luego de la entrada en vigencia del cese de hostilidades entre Israel y Hezbollah pactado el 21 de junio. Pese al flujo de civiles, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió que medio millón de libaneses siguen sin hogar y decenas de comunas fronterizas continúan inaccesibles por la persistencia de tropas israelíes en una «zona de seguridad».
La firma del acuerdo marco auspiciado por Estados Unidos e Irán inició un complejo proceso de estabilización demográfica en Medio Oriente. Tras más de tres meses de incursiones terrestres y bombardeos que causaron unas 4.300 víctimas fatales, la OIM constató el regreso de 640.000 ciudadanos a sus localidades de origen. No obstante, las autoridades ministeriales del Líbano señalaron que la destrucción total o parcial de unas 90.000 unidades habitacionales impide el retorno de la otra mitad de la población afectada, la cual padece la falta de servicios esenciales de agua y suministro eléctrico.
El entendimiento bilateral, convalidado por el presidente libanés Joseph Aoun pero objetado por las milicias de Hezbollah, condiciona el repliegue definitivo de las fuerzas de Tel Aviv a un programa previo de desarme de las facciones armadas, sin establecer plazos cronológicos precisos. Organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, emitieron documentos de objeción legal al texto diplomático argumentando que ciertas cláusulas vulneran el acceso a la justicia internacional por crímenes de guerra cometidos en el área de conflicto y convalidan un escenario de ocupación militar por tiempo indefinido.
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