El dirigente presentó su dimisión ante el intendente Daniel Passerini luego de conocerse las graves acusaciones judiciales por abuso sexual con acceso carnal, hurto y defraudación que investiga la fiscalía de Alta Gracia.
El escenario político de la provincia de Córdoba se vio sacudido este lunes tras confirmarse la renuncia formal de Pablo Marcos Ortiz a su cargo como vicepresidente de Cormecor, la corporación intercomunal que administra la gestión de residuos en la capital y diversas localidades del interior. La dimisión fue presentada mediante una nota dirigida al intendente Daniel Passerini, en la cual el funcionario esgrimió «motivos estrictamente personales» para apartarse de sus funciones directivas, las cuales desempeñaba desde el año 2024 tras solicitar licencia como concejal de la ciudad de Alta Gracia. La salida se precipitó luego de que trascendiera su imputación en una causa penal impulsada por una denuncia de su expareja.
La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.° 2 de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello, quien dispuso formalmente la acusación contra el exdirigente por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal. Asimismo, en el marco de la misma instrucción judicial, tanto Ortiz como Julieta Balchori, quien fuera su secretaria, quedaron imputados como presuntos coautores de hurto simple y defraudación por desbaratamiento de derechos acordados en grado de tentativa. Ante la gravedad de los hechos, la fiscalía dictó una prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante y fijó su declaración indagatoria para el próximo 18 de noviembre.
El cimbronazo judicial reavivó de inmediato la tensión en el Centro Cívico, donde referentes del oficialismo provincial salieron al cruce de la oposición al reclamar coherencia ante las acusaciones penales. Los cuestionamientos apuntaron directamente contra legisladores opositores como la radical Alejandra Ferrero —vinculada a un asesor detenido por denuncias de abuso— y la juecista Gloria Pereyra, próxima a enfrentar un juicio por homicidio culposo. Mientras la causa contra Ortiz continúa su curso legal en etapa de instrucción, el arco político local debate los costos institucionales de las imputaciones en plena antesala del reordenamiento electoral.
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