La reciente identificación de una red nacional dedicada al fraude en prestaciones oftalmológicas pone nuevamente bajo la lupa la transparencia en la administración de los recursos del PAMI.
Los hallazgos de las auditorías internas describen un complejo entramado de sobrefacturación, cobros indebidos y la existencia de «prestaciones fantasma» que afectan el presupuesto destinado a la salud de los adultos mayores en todo el país. En Córdoba, esta situación se vuelve particularmente sensible, ya que la investigación por la provisión irregular de anteojos coincide con un reclamo persistente de los prestadores locales por deudas millonarias que aún no han sido canceladas.
Desde una perspectiva institucional, este escenario evidencia una falla de control estructural que permite el desvío de fondos hacia servicios que nunca llegaron a los afiliados. La coexistencia de maniobras delictivas con una mora administrativa asfixiante para hospitales y farmacias genera un desequilibrio que termina impactando en la calidad prestacional. Resulta imperativo que el proceso judicial en curso no solo identifique a los responsables de estas estafas millonarias, sino que también impulse una modernización en los sistemas de verificación del organismo. Sanear las cuentas y garantizar que cada peso facturado se traduzca en una atención real es la única vía para devolverle previsibilidad a un sistema de salud que debe ser, ante todo, un garante de derechos para la clase pasiva.
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