El registro de 96 víctimas fatales en las rutas y calles cordobesas durante el primer trimestre de 2026 ha encendido las alarmas sobre la ineficacia de un sistema de seguridad vial que, según especialistas, se ha agotado en la sanción económica sin atacar las causas estructurales de la siniestralidad.
Las estadísticas del informe provincial son contundentes: el 57,5% de los fallecidos eran motociclistas y el 91% de los accidentes fatales ocurrieron en sectores sin semaforización. Ante este panorama, el especialista Juan Botta Bernaus lanzó una dura crítica a la gestión actual, asegurando que «la letra con sangre entra» no está funcionando. Para el experto, el enfoque centrado exclusivamente en el bolsillo del infractor ha demostrado su fracaso tras una década de resultados estancados o en franco retroceso.
La seguridad vial efectiva requiere un trípode que Córdoba parece haber descuidado: educación, infraestructura y control. La crítica apunta a que las gestiones políticas suelen priorizar la multa por su impacto recaudatorio e inmediato, postergando soluciones de fondo como la formación ciudadana y la mejora de las carpetas asfálticas o la señalización. Según Bernaus, «manejamos como estamos», vinculando directamente la violencia y el desorden en el tránsito con una degradación de la cultura cívica que no se soluciona con un ticket de pago, sino con procesos de concientización sostenidos en el tiempo.
El debate que se abre en la Docta es profundo: ¿son las multas una herramienta de prevención o simplemente un mecanismo recaudatorio que no vuelve al sistema? Sin una inversión real en infraestructura y un cambio en la formación de los conductores —especialmente en el segmento de las motos—, las rutas cordobesas seguirán siendo escenario de una tragedia evitable que ninguna sanción monetaria ha logrado, hasta ahora, detener.

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