El proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno nacional encendió las alarmas en el escenario político local. De avanzar las modificaciones propuestas por la gestión de Javier Milei, alrededor de 40 partidos políticos de la provincia de Córdoba podrían perder su personería jurídica y quedar inhabilitados para competir en los próximos comicios debido a las nuevas exigencias de afiliación y pisos electorales.
La iniciativa oficial busca un reordenamiento del sistema de partidos mediante el endurecimiento de las condiciones para mantener el reconocimiento legal. Entre los puntos más críticos que introduce el proyecto, se destaca el aumento en el porcentaje mínimo de afiliados sobre el padrón electoral y la obligatoriedad de alcanzar un piso mínimo de votos en las elecciones generales. En Córdoba, este nuevo filtro impactaría de lleno en una estructura que históricamente se caracterizó por una gran cantidad de fuerzas vecinales, provinciales y sellos menores que hoy no alcanzan los nuevos estándares exigidos por la Casa Rosada.
Desde los diferentes espacios afectados en la provincia advierten que la medida es un intento de polarización forzada que atenta contra el pluralismo político y la representación de las minorías. Apoderados partidarios y dirigentes de segundas líneas ya iniciaron consultas para analizar la letra chica de la normativa y definir estrategias conjuntas, mientras que las principales fuerzas de la provincia observan de reojo un rediseño del mapa electoral cordobés que obligará a renegociar alianzas y frentes de cara al futuro.
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