En una sesión cargada de emotividad y con el respaldo unánime de todo el arco político, la Legislatura de Córdoba aprobó una de las reformas judiciales más sensibles de los últimos años. La iniciativa, impulsada tras el conmocionante crimen de Joaquín Sperani en Laboulaye, modifica el Código Procesal Penal y crea un régimen integral para garantizar la asistencia, el resguardo y la participación activa de los damnificados y sus familias dentro del proceso penal.
La flamante normativa, compuesta por 40 artículos, logró amalgamar propuestas del Poder Ejecutivo de Martín Llaryora con proyectos de diversos bloques de la oposición, transformándose en un hito de transversalidad política. El núcleo de la reforma dota a la víctima de un rol protagónico e inédito en las causas, obligando a los operadores judiciales a mantenerla informada sobre el estado del expediente y a escuchar su postura antes de dictar resoluciones clave, tales como libertades condicionales, prisiones domiciliarias, juicios abreviados o suspensiones de juicio a prueba. Si bien estas opiniones no tendrán un carácter vinculante, fiscales y magistrados estarán obligados a ponderarlas formalmente al momento de emitir sus fallos.
El texto legal pone un foco riguroso en la prevención de la revictimización, limitando las declaraciones reiteradas y prohibiendo las confrontaciones directas con los agresores, con especial énfasis y resguardos especializados para menores de edad y casos de violencia institucional. Asimismo, uno de los puntos más debatidos y sensibles de la ley ratifica la facultad de las familias para constituirse como querellantes aun cuando el acusado sea un menor de edad, un artículo defendido por el oficialista Juan Manuel Llamosas y observado con cautela por la radical Brenda Austin ante posibles planteos de inconstitucionalidad. Para garantizar su cumplimiento, la norma dispone la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito legislativo y establece capacitaciones obligatorias y periódicas para las fuerzas de seguridad, el personal penitenciario y todos los agentes del sistema penal de la provincia.
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