En una medida orientada a blindar las cuentas públicas frente a la volatilidad económica nacional, el gobernador Martín Llaryora instruyó a todo su gabinete a ejecutar un recorte del 10% en las partidas presupuestarias. La orden, comunicada de manera oficial, establece una excepción absoluta para dos rubros sensibles: el pago de salarios de la administración pública y los haberes jubilatorios, garantizando la paz social en el sector estatal.
El decreto no solo implica un ahorro directo, sino que pone bajo revisión contratos de servicios, consultorías y gastos corrientes que no se consideren críticos para el funcionamiento de la provincia. Según fuentes de la cartera de Finanzas, esta «reingeniería de costos» es un movimiento preventivo para asegurar que Córdoba mantenga su superávit operativo.
El objetivo es claro: anticiparse a una posible caída en la recaudación sin resentir la prestación de servicios esenciales de salud, educación y seguridad, sectores que también estarán bajo la lupa para optimizar cada peso invertido en la gestión pública.
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