Causa por lavado de activos: dictaron el procesamiento y el embargo de bienes de José Luis Espert
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, resolvió el procesamiento del exdiputado libertario en el marco de la causa que investiga la recepción de 200 mil dólares vinculados al empresario Federico «Fred» Machado. La medida incluye la prohibición de salida del país y un embargo de 1.000 millones de pesos.
El Juzgado Federal de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, dispuso el procesamiento del exdiputado José Luis Espert por el presunto delito de lavado de activos, prohibiéndole la salida del territorio nacional y trabando un embargo sobre sus bienes por la suma de 1.000 millones de pesos. La resolución judicial alcanzó asimismo a su contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como partícipe necesario con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza S.A., con una traba de 500 millones de pesos.
La investigación dirigida por el fiscal federal Fernando Domínguez gira en torno a la recepción de 200 mil dólares en el año 2020 provenientes de una firma ligada a Federico «Fred» Machado, empresario condenado por fraude y blanqueo de fondos en Estados Unidos. Según la hipótesis fiscal, los activos habrían ingresado desde la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. a una cuenta del exlegislador en Morgan Stanley, para luego ser movilizados al sistema financiero local mediante transferencias al banco BBVA y aplicados a la compra de vehículos de alta gama —un BMW y un Lexus de 130 mil dólares— y la adquisición de participaciones en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
Si bien la defensa de Espert sostuvo que los fondos correspondieron a un contrato de asesoramiento con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, la fiscalía concluyó que se trató de una simulación documental al constatar que las explotaciones mineras señaladas no operaban y que la firma Varianza S.A. habría sido creada para generar asientos contables ficticios. Con esta resolución dictada por el magistrado interviniente, la causa entra en etapa de apelaciones ante las instancias superiores de la Cámara Federal de San Martín.
