El bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba aspira a consensuar este miércoles un dictamen único junto al PRO y la UCR para regular la intervención de inmuebles abandonados o vinculados al narcomenudeo. La iniciativa parlamentaria persigue establecer un marco de ordenamiento territorial de seguridad antes del receso de 15 días.
La Legislatura de Córdoba entra en la cuenta regresiva previa al parate de invierno con un debate de alta sensibilidad institucional. En la Comisión de Seguridad, el oficialismo intentará compatibilizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con las propuestas presentadas por el legislador radical Oscar Saliba y por Oscar Agost Carreño, del PRO. El objetivo central es unificar criterios sobre la autoridad de aplicación y el alcance de las medidas para recuperar o neutralizar propiedades que funcionen como «aguantaderos», guaridas o centros de comercialización de estupefacientes a baja escala.
De acuerdo al borrador del texto de consenso, el Estado provincial podrá intervenir infraestructuras, instalaciones y dispositivos inmobiliarios desocupados que generen un riesgo cierto, concreto y actual para la seguridad pública o la convivencia comunitaria. Para evitar cuestionamientos legales sobre la propiedad privada, las bancadas acordaron taxativamente que la sola situación de abandono o falta de mantenimiento edilicio no habilitará la aplicación de la ley. En su lugar, la normativa exigirá la acreditación de condiciones verificables y la vinculación fehaciente del inmueble con actividades delictivas reiteradas.
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