La batalla judicial por la reforma laboral ha escalado a un nivel de máxima tensión institucional. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó hoy un pedido de nulidad y la recusación de los jueces Víctor Pesino y Dora González, integrantes de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
La central obrera acusa a los magistrados de «falta de imparcialidad» tras el fallo que otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado, dejando nuevamente en vigencia los 81 artículos de la ley de modernización laboral que habían sido frenados previamente por una cautelar. La controversia se disparó luego de que el Ejecutivo iniciara el trámite para extender el mandato de Pesino por cinco años, apenas 24 horas después de su resolución favorable al Gobierno.
Desde el equipo jurídico de la CGT, liderado por Pablo Topet, sostienen que existió un «intercambio de favores» y cuestionan la competencia de la Sala VIII para intervenir en el caso. Mientras la oposición denuncia una «devolución de gentilezas» por parte del Ministerio de Justicia, la central sindical advierte que la vigencia de la ley afecta derechos constitucionales como la huelga y la libertad sindical. Con la recusación sobre la mesa, la causa entra en un terreno de incertidumbre procesal que, según especialistas, terminará siendo resuelto por la Corte Suprema de Justicia para definir la validez de la reforma que incluye puntos críticos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el nuevo esquema de indemnizaciones.
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