Martín Llaryora no dio vueltas: criticó el «abandono» del Gobierno Nacional y confirmó que Córdoba va a cubrir con recursos propios los fondos para discapacidad que fueron recortados. El gobernador busca dar seguridad a las familias y prestadores que estaban en la cuerda floja, anunciando además el impulso a una nueva ley provincial de discapacidad.
El anuncio cayó como un alivio para el sector, que venía denunciando demoras críticas en los pagos nacionales. Llaryora aprovechó el escenario para marcar la diferencia entre su gestión y la de Buenos Aires, asegurando que el ajuste no puede pasar por los sectores más vulnerables. La idea de la nueva ley es que la asistencia sea una política de estado blindada contra cualquier recorte futuro.
Con este movimiento político y social, Córdoba refuerza su autonomía y se posiciona como una de las pocas provincias en sostener el sistema de prestaciones con caja propia. La medida impacta directamente en miles de usuarios cordobeses que necesitan transporte y terapias diarias para su calidad de vida.
La promesa del gobernador incluye la creación de una mesa de trabajo con las asociaciones para que la implementación de los fondos sea rápida y sin burocracia.
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