El Gobierno reconoció la situación crítica del PAMI y activó un salvataje financiero millonario

A través de una resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y Finanzas, el Gobierno de la Nación oficializó un millonario auxilio económico destinado a la obra social de los jubilados y pensionados. Mediante la figura de un «aporte financiero reintegrable» por un total de $580.270 millones, la Casa Rosada busca contener la abultada deuda flotante acumulada con clínicas, farmacias y laboratorios, asegurando la continuidad de las prestaciones médicas esenciales de la mayor cobertura de salud de América Latina.

La medida, plasmada en la Resolución Conjunta 26/2026, reconoce explícitamente en sus considerandos la “crítica situación financiera” que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). De acuerdo con datos técnicos del sector, durante el primer cuatrimestre del año las transferencias corrientes del Tesoro hacia el PAMI experimentaron una caída real del 10,5%, lo que desencadenó fuertes demoras en los pagos habituales a los proveedores. El desfinanciamiento ya impactaba de forma directa en los afiliados cordobeses y del resto del país mediante la restricción de prácticas, turnos médicos diferidos y la exigencia de copagos extra institucionales por parte de los centros de salud privados para cubrir los costos operativos.

Para concretar el rescate sin alterar de forma inmediata las metas de gasto primario, el Palacio de Hacienda recurrirá a la emisión de deuda interna mediante la ampliación de tres series de Letras del Tesoro (Lecaps) capitalizables en pesos, con vencimientos escalonados entre julio y septiembre de este año. La inyección de fondos —que por normativa deberá ser reembolsada por la propia obra social dentro del presente ejercicio fiscal— se produce, además, en un contexto de fuerte presión política por parte de los gobernadores del interior, incluyendo al mandatario cordobés Martín Llaryora, quien junto a pares de otras provincias venía reclamando de forma pública por la regularización de las deudas del PAMI, cuyos saldos pendientes terminaban siendo absorbidos y costeados de manera indirecta por los saturados sistemas hospitalarios públicos provinciales.