El conflicto docente en Córdoba ingresa en una fase de alta tensión política tras la decisión de la UEPC Capital de desconocer los efectos de la conciliación obligatoria. La delegación más crítica del gremio argumenta que la herramienta legal es utilizada para dilatar la discusión de fondo: una canasta básica que supera ampliamente los salarios iniciales del sector.
Esta movilización no solo será un mensaje hacia el Centro Cívico, sino también una muestra de la división interna en el gremio, donde las bases de la Capital exigen medidas más drásticas. El principal punto de fricción es el desfasaje entre el aumento del costo de vida y las partidas presupuestarias destinadas a educación, que los docentes consideran insuficientes para el mantenimiento del sistema público.
De no mediar una mesa de diálogo que incluya la recuperación real del salario, el conflicto amenaza con extenderse durante todo el mes de abril, afectando el calendario escolar. Las autoridades provinciales apuestan a la legalidad de la conciliación para frenar los paros, pero la presión en las calles sugiere que la tregua administrativa está agotada.
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