La detección de 58 bolsas de residuos químicos y sanitarios arrojadas ilegalmente por una droguería pone en relieve las fallas en los protocolos de trazabilidad de desechos peligrosos en la capital. El incidente no solo implica una infracción administrativa, sino un potencial daño ecológico en las napas y suelos del sector afectado.
La empresa, cuya identidad se mantiene bajo reserva administrativa mientras avanza la causa en la Justicia de Faltas, habría intentado evadir los costos logísticos que implica el tratamiento legal de residuos patógenos. En Córdoba, la normativa vigente exige que toda empresa que manipule fármacos o insumos médicos contrate servicios de disposición final certificados. Al romper esta cadena, la firma expuso a vecinos y recuperadores urbanos a sustancias de toxicidad desconocida.
Desde el Instituto de Protección Ambiental (IPA) señalan que este caso podría marcar un precedente en la fiscalización de laboratorios y droguerías. Se analiza si hubo complicidad de transportistas informales o si la logística de descarte fue ejecutada por personal propio de la droguería. La investigación ahora se centra en determinar la recurrencia de estas prácticas en el sector para ajustar los controles preventivos.
La justicia administrativa determinará en los próximos días la cuantía de la sanción, que buscará ser ejemplificadora para el resto del sector sanitario.
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