La proliferación de autos eléctricos e híbridos enchufables plantea severos retos normativos y técnicos para hogares, edificios y la red pública de Epec, requiriendo adaptaciones de potencia y conexiones profesionales para garantizar la seguridad.
La paulatina incorporación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables a la flota automotriz impulsa una reestructuración profunda en las pautas de consumo energético y la infraestructura urbana de la provincia de Córdoba. Un diagnóstico del sector advierte que cerca del 95% de los inmuebles residenciales carecen de las condiciones técnicas idóneas para albergar cargadores domiciliarios sin una intervención previa. La causa principal radica en la demanda de potencia: mientras los electrodomésticos convencionales de alto consumo demandan entre 1,2 kW y 1,8 kW, un equipo de carga residencial estándar requiere aproximadamente 7 kW. Dicha cifra excede la capacidad contratada habitual de las conexiones monofásicas provistas por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), cuyo límite estándar se ubica en los 5 kW.
Ante este panorama, la incorporación de un punto de carga seguro demanda reformas integrales que abarcan desde el tendido de líneas independientes con conductores de mayor sección y cañerías exclusivas, hasta sistemas reforzados de puesta a tierra y protecciones eléctricas específicas. En el marco de la Ley Provincial N° 10.281 de Seguridad Eléctrica, estas adecuaciones deben ser ejecutadas por profesionales matriculados habilitados. Asimismo, en aquellos casos donde la potencia total exceda los límites monofásicos, se requiere tramitar la migración a un esquema de suministro trifásico y presentar una nueva certificación de apto eléctrico ante la distribuidora.
La complejidad se traslada también a los edificios en régimen de propiedad horizontal, donde los cables deben recorrer áreas comunes, requiriendo el aval de los consorcios de propietarios para intervenir infraestructuras proyectadas décadas atrás. Paralelamente, las autoridades remarcan la necesidad de que Epec disponga de un registro preciso sobre la localización y potencia de cada cargador instalado para evitar sobrecargas en transformadores y redes de distribución barriales. Frente a estos vacíos normativos y técnicos, especialistas y actores del sector coinciden en la urgencia de coordinar acciones integrales entre el Estado, electricistas matriculados, concesionarias, aseguradoras y consorcios para adaptar el marco regulatorio antes de que la demanda supere la capacidad operativa del sistema.
Más historias
Crece la morosidad por créditos destinados a cubrir consumos básicos y alimentación
Las sombras del presente: reflexiones sobre la infancia y las desigualdades históricas
Editorial: La inseguridad vial golpea a los más jóvenes y exige respuestas del Estado y la sociedad