La UCR denunció un “pacto de impunidad” del peronismo para proteger a Ricardo Moreno

Tras la repentina salida del concejal oficialista, el bloque radical estalló contra el intendente Daniel Passerini y el gobernador Martín Llaryora. Acusan al oficialismo de utilizar una «maniobra administrativa vergonzosa» para esquivar la votación de expulsión en el recinto.

La tregua política en el Concejo Deliberante de Córdoba duró apenas unas horas. Luego de que se conociera la renuncia de Ricardo Moreno a su banca acosado por sus vínculos con el femicida de Agostina Vega, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) salió con los tapones de punta a denunciar una supuesta “maniobra de impunidad” orquestada por el oficialismo. Desde la principal bancada opositora sostienen que el sorpresivo regreso del concejal titular de licencia (Raúl La Cava) no fue un acto de renovación, sino un burdo recurso político diseñado para desplazar a Moreno del cuerpo de forma silenciosa, clausurando así cualquier posibilidad de debate institucional sobre su conducta y responsabilidades públicas.

La presidenta del bloque radical, Elisa Caffaratti, fue la encargada de liderar la ofensiva y apuntó directamente contra la cúpula del peronismo cordobés. “La salida del concejal Moreno del Concejo Deliberante muestra una vez más un pacto de impunidad del peronismo entre el intente y el gobernador”, disparó la edil, vinculando de forma directa a las máximas autoridades de la ciudad y de la provincia con una estrategia de blindaje partidario. Para la UCR, la reincorporación del titular funcionó meramente como una herramienta para “maquillar” la eyección de Moreno y evitar el costo político y mediático de afrontar una votación de destitución en pleno recinto parlamentario.

“Es una maniobra administrativa vergonzosa que, en definitiva, busca protegerse entre ellos. Era el momento de debatir responsabilidades y dar explicaciones, no de esconderlas. Decidieron proteger a Moreno: lo mandaron al banco de suplentes en lugar de expulsarlo”, fustigó Caffaratti. Desde el radicalismo interpretan que Hacemos Unidos por Córdoba apeló al reglamento interno como un “escudo político” y priorizó la autoprotección partidaria por encima de la transparencia y el prestigio institucional del Concejo Deliberante, defraudando a una ciudadanía que esperaba una discusión abierta y de cara a la sociedad sobre las gravísimas derivaciones políticas del caso.