El Poder Legislativo provincial sancionó la normativa impulsada por el gobernador Martín Llaryora. La legislación crea un régimen administrativo y judicial específico que habilita al Estado a intervenir de forma inmediata sobre inmuebles vinculados al comercio de drogas y actividades delictivas, permitiendo la clausura, el tapiado o el bloqueo de sus accesos.
La nueva herramienta legal busca agilizar la neutralización de los puntos de distribución de estupefacientes y refugios criminales en el territorio cordobés. A partir de su promulgación, los ministerios de Seguridad y de Justicia, junto al Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), coordinarán sus acciones a través de la flamante Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos. El marco regulatorio faculta a las autoridades a ejecutar cerramientos y asegurar la custodia de las propiedades bajo sospecha, sumando a los gobiernos locales en el proceso de control territorial.
Asimismo, la normativa establece un esquema preciso para la reutilización de los fondos y activos que sean decomisados en los operativos contra el crimen organizado. El 60% de los recursos obtenidos de estos bienes será transferido de manera directa a la FPA con el objetivo de robustecer su estructura logística, tecnológica y de equipamiento operativo. El 40% restante se destinará al financiamiento de los programas de prevención y abordaje integral de las adicciones controlados por el Ejecutivo provincial, cerrando un circuito de financiamiento destinado a combatir tanto el delito como sus consecuencias sociales.
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