El proyecto obtuvo media sanción con 139 votos a favor y amplía el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias hasta fines de 2027. La oposición cuestionó la degradación en las facultades de control fiscal de ARCA.
En una nueva jornada favorable para el Poder Ejecutivo en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó la reformulada Ley de Inocencia Fiscal, iniciativa de corte económico impulsada por el Gobierno nacional que busca flexibilizar y masificar la adhesión al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Tras la reciente sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la propuesta alcanzó la media sanción al registrar 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. El oficialismo (La Libertad Avanza) articuló la mayoría parlamentaria con el apoyo del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que el rechazo estuvo encabezado por Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores de Provincias Unidas.
El punto central de la norma modifica aspectos clave de la Ley 27.799, eliminando todo tipo de topes de ingresos y patrimonio para que personas humanas y sucesiones indivisas residentes puedan optar por la modalidad simplificada (esquema que antes exigía un límite de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio). La ley prorroga estos beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027, exige realizar las operaciones a través del sistema financiero formal e incorpora una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para PyMEs. Asimismo, redefine el criterio de «discrepancia significativa» para las fiscalizaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fijando un umbral mínimo del 15% de incremento impositivo para impugnar declaraciones juradas simplificadas.
Durante el debate en el recinto, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado defendió la iniciativa señalando que la norma busca «confiar en el contribuyente que trabaja en lugar de tomarlo como sospechoso por haber ahorrado en la informalidad durante épocas de hiperinflación». En contraste, desde la oposición expresaron duras críticas: Juan Grabois (Unión por la Patria) afirmó que el proyecto beneficia al 1% más rico en detrimento de los trabajadores, mientras que Martín Lousteau (Provincias Unidas) advirtió que la flexibilización limita la capacidad operativa de ARCA para investigar la evasión, la corrupción y el crimen organizado.

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