La Municipalidad de Córdoba encara una de las transformaciones más complejas del espacio público: el fin de los «naranjitas» tal como los conocemos. Tras la ley provincial que prohíbe la actividad informal, el Palacio 6 de Julio acelera la implementación de un sistema de «gestión asistida» donde los cuidadores pasarán a ser «asistentes urbanos».
El objetivo es formalizar a las cooperativas mediante el uso obligatorio de chalecos identificatorios y, fundamentalmente, la eliminación del efectivo a través de pagos digitales por código QR. Con esta medida, la gestión municipal busca saldar una deuda histórica de 30 años, intentando erradicar las quejas por tarifas arbitrarias y conductas intimidatorias en las calles.
Sin embargo, el éxito de este plan no depende solo de un cambio de nombre o de uniforme. La sutil encrucijada del municipio reside en la capacidad real de control: para el vecino, la diferencia entre un «asistente» y un «naranjita» será la ausencia de extorsión. Si el Estado no logra garantizar que el aporte sea voluntario y regulado, el nuevo sistema corre el riesgo de ser apenas una formalización de la precariedad.
La apuesta oficialista de «no criminalizar» el trabajo informal es noble en los papeles, pero su efectividad se medirá en la práctica, cuando la tecnología y la presencia policial deban demostrar que la calle dejó de ser tierra de nadie para convertirse en un servicio público transparente.
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