En una medida de alto impacto para la infraestructura vial de la provincia, el Gobierno de la Nación oficializó la transferencia a Córdoba de la potestad para administrar y percibir peajes en los tramos nacionales que recorren la geografía cordobesa. El decreto, impulsado por la administración de Javier Milei, otorga al gobierno provincial la responsabilidad de garantizar el mantenimiento y la seguridad vial de estos corredores fundamentales.
La resolución representa un cambio significativo en el federalismo vial, permitiendo que la provincia gestione directamente los recursos generados por el tránsito en arterias nacionales. El acuerdo contempla que lo recaudado sea destinado de forma prioritaria a obras de bacheo, señalización y mejoras estructurales de las rutas cedidas. Esta decisión responde a la nueva política nacional de reducir la intervención directa del Estado Nacional en la obra pública regional.
Las autoridades cordobesas han manifestado que este nuevo esquema requiere una planificación detallada para integrar los peajes nacionales al sistema provincial ya existente. Se prevé que la transición sea progresiva para no afectar el flujo vehicular ni la operatividad de los puestos de cobro actuales.
La provincia de Córdoba se posiciona así como un actor central en la administración de su red vial total, asumiendo facultades que históricamente pertenecieron a la Dirección Nacional de Vialidad.
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