Los reiterados desmanes y actos de vandalismo registrados en el Patio Olmos y en los principales centros urbanos del país tras los triunfos mundialistas de la Scaloneta exponen una problemática preocupante. El entusiasmo popular, traccionado por los resultados deportivos, vuelve a ser utilizado como pantalla por grupos minoritarios para destruir el espacio público y cometer delitos, desnudando un entramado de impunidad que interpela de forma directa a la dirigencia política y judicial.
Las postales de los festejos masivos en la capital cordobesa dejaron un saldo que excede largamente la lógica de la celebración deportiva. Detrás de la alegría genuina por el avance del seleccionado nacional, la concentración en las calles derivó en la destrucción de paradas de colectivos, quema de contenedores de basura, agresiones a las fuerzas de seguridad y episodios delictivos organizados, como el violento asalto a una joyería céntrica. Este combo de intolerancia y descontrol evidencia cómo la denominada «cultura futbolera» ha naturalizado un modelo de confrontación bélica donde el espacio común pierde todo valor de respeto.
La reiteración de estos episodios no es casual y responde a responsabilidades compartidas que el poder institucional prefiere ignorar. Durante años, la connivencia de sectores políticos, policiales y dirigentes de clubes con las estructuras de las barras bravas ha garantizado cuotas de impunidad a los sectores violentos, utilizándolos como herramientas de construcción de poder territorial. Exigir que la Justicia actúe con firmeza castigando el vandalismo y que los clubes rindan cuentas por el accionar de sus facciones es el primer paso obligatorio para desarmar un esquema complejo, detonado también por el enojo subyacente en los subsuelos de una sociedad fragmentada.

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