Las políticas de liberación económica y la persistente caída del poder adquisitivo han generado una crisis sanitaria preocupante en el país. Esta aguda desregulación del mercado farmacéutico deja a miles de jubilados y familias sin la posibilidad real de costear los insumos básicos indispensables para su supervivencia diaria.
Los aumentos constantes en los remedios contrastan de forma preocupante con las cifras oficiales de la inflación que difunde el Instituto Nacional. Durante esta alarmante vulneración de derechos la interrupción intempestiva de terapias médicas crónicas expone la frágil situación asistencial que atraviesan niños, adolescentes y adultos mayores en todo el territorio nacional.
Las agrupaciones profesionales de la provincia vienen señalando las consecuencias impredecibles que genera la drástica reducción de beneficios por parte de PAMI. Asimismo, los representantes del sector farmacéutico advierten que la proliferación de la venta libre le quita la cobertura de la obra social a los afiliados dejándolos desprotegidos.
Garantizar la salud comunitaria constituye un deber esencial del Estado que no puede delegarse a las reglas del mercado. Las autoridades sanitarias provinciales y nacionales deben reaccionar con firmeza para impedir que la mercantilización de los insumos siga deteriorando la calidad de vida de los sectores más frágiles.
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