La iniciativa presentada por el presidente Javier Milei crea el Consejo de Seguridad Nacional, endurece las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas y actualiza los protocolos frente a ciberataques y amenazas no convencionales. El texto busca blindar infraestructuras críticas y reafirmar los derechos argentinos en el Atlántico Sur.
El Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un marco normativo integral destinado a redefinir la arquitectura de seguridad, la custodia de activos estratégicos y la protección de los recursos naturales en la Plataforma Continental y el Atlántico Sur. La norma, avalada con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti y el titular de Economía Luis Caputo, define el reclamo pacífico sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur como un objetivo irrenunciable e introduce penas más severas contra cualquier explotación ilegítima de bienes renovables o no renovables sin aval de las autoridades argentinas.
Uno de los pilares institucionales del proyecto radica en la creación del Sistema de Seguridad Nacional, conducido por un Consejo de Seguridad Nacional que presidirá el jefe de Estado junto a sus ministros clave. Este órgano tendrá como cometido elaborar políticas de cumplimiento obligatorio para coordinar las áreas diplomática, militar, cibernética, de inteligencia y económica. Asimismo, el texto propone reformar la Ley de Defensa Nacional para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructuras críticas —tales como redes energéticas, de comunicaciones o de transporte— y ante eventuales amenazas externas de origen estatal o no estatal, abordando tanto riesgos cinéticos como ataques en el terreno de la ciberseguridad.

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