Máxima tensión en Bolivia: el Congreso habilitó el uso de las Fuerzas Armadas ante la ola de protestas que exige la renuncia del Presidente

El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra al borde de una fractura institucional de consecuencias impredecibles. En medio de un clima de extrema beligerancia civil, la Cámara de Diputados aprobó por una mayoría superior a los dos tercios una ley que deroga de forma definitiva las restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos de seguridad interna. La legislación, que fue girada de inmediato al Poder Ejecutivo para su promulgación, representa la herramienta legal definitiva para que el presidente Rodrigo Paz pueda decretar el estado de excepción territorial.

La nueva normativa anula la emblemática Ley 1.341 (conocida históricamente como Ley Copa, vigente desde octubre de 2020), la cual prohibía estrictamente el despliegue militar frente a manifestaciones populares. De acuerdo con el argumento de los legisladores oficialistas, la medida busca restablecer de manera urgente el orden público y quebrar los cercos viales que mantienen desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos de primera necesidad a capitales estratégicas como La Paz, El Alto y Oruro. El país vecino ingresó formalmente en su cuarta semana consecutiva de parálisis total por la conflictividad social.

El bloque de protestas, coordinado por las poderosas organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), agrupa a centrales campesinas, comunidades indígenas, sindicatos mineros, trabajadores fabriles y juntas vecinales. Las facciones exigen de manera unificada la renuncia inmediata del mandatario y el adelantamiento de los comicios generales. El mapa de la crisis reportó este martes un pico de más de 150 puntos de bloqueo simultáneos en rutas troncales e interdepartamentales, escenario de asfixia económica que precipitó la controvertida decisión del Congreso de otorgarle el control operacional de las calles a los mandos castrenses.