La muerte de Tomás Elías Orihuela no es solo una tragedia individual; es el síntoma de un engranaje institucional que falló en sus etapas más básicas.
El joven de 19 años falleció este lunes en el Hospital Eva Perón tras agonizar 48 horas con muerte cerebral, luego de un confuso episodio en la Comisaría Sexta. Sin embargo, el dato que hoy sacude a la opinión pública no es solo lo que ocurrió dentro de la celda, sino el hecho de que Orihuela nunca debió haber estado allí. El joven fue arrestado dos veces en menos de 48 horas basándose en órdenes de captura que ya estaban caducadas, pero que seguían vigentes en el sistema policial por una desincronización administrativa letal.
Este escenario plantea interrogantes profundos sobre la responsabilidad de los agentes involucrados. ¿Por qué se insistió con su detención si las autoridades judiciales ya habían indicado que no debía ser retenido? El apartamiento de la fiscal Silvana Fernández por su cercanía con la fuerza y la asunción del fiscal Andrés Godoy buscan garantizar la transparencia que el caso exige. Aunque los informes preliminares no mostrarían golpes visibles, el «error» de origen, meter a una persona en una celda ilegalmente, coloca a la Policía de Córdoba en una posición defensiva indefendible.
La tensión en barrio Bajo Pueyrredón es el reflejo de una sociedad que ya no tolera las «explicaciones oficiales» cuando el sistema, por acción u omisión, termina con la vida de un joven que ya había rendido sus cuentas ante la ley.
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